Acordada Nº 2/2018 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación



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La Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió la Acordada Nº 2/2018, con el objeto de -conforme lo establece en los Considerandos- de realizar acciones concretas para lograr la identificación, localización, embargo y decomiso de bienes y el recupero de activos de origen ilícito, conforme el marco previsto en el art. 23 del Código Penal  en la Ley 20.785; en las normas que regulan los regímenes especiales aduanero, estupefacientes, lavado de activos de origen delictivo prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas, entre otras.

En dicha Acordada, el Máximo Tribunal adopta ciertas medidas para una gestión eficaz de los bienes muebles e inmuebles que son objeto de secuestro como consecuencia de la comisión de ilícitos. A esos efectos, considera que la venta de los efectos secuestrados en las condiciones establecidas por la Ley 20.785, así como la de los objetos decomisados debe realizarse sin demora y que el producido de las mencionadas ventas debe ser ingresado por las entidades financieras a las cuentas cuya titularidad le corresponde a dicho Tribunal.

Además, se estipula que el Poder Judicial podrá disponer en forma provisoria y -para el mejor cumplimiento de sus fines- de los bienes muebles que hubiesen sido secuestrados de acuerdo a lo previsto en el art. 3 de la Ley 23.853 y también de aquellos que pueden llegar a cumplir una utilidad pública o social.

Por último, aprueba en un Anexo el “Reglamento de Efectos Secuestrados y Bienes Decomisados en causas penales”.

Dicho Reglamento fue creado mediante las Acordadas 1/2013 y 33/2015 y establece entre otras normas que los magistrados del Poder Judicial de la Nación deberán extremar las medidas para que la venta los efectos secuestrados en causas penales que no hayan podido entregarse a sus dueños y los objetos decomisados, que se encuentren sometidos a una decisión jurisdiccional dictada en un proceso penal, se realice en forma inmediata, que el producido de dicha venta deberá ser depositado en las cuentas judiciales, y que los jueces intervinientes deben informar el detalle completo de todos los bienes que se encuentren sometidos a una decisión judicial, entre otras cuestiones.